Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución autonómica por la que se ordenaba el restablecimiento del orden jurídico perturbado y de reposición de la realidad física alterada por la realización de actos de parcelación urbanística, edificación, construcción, urbanización, instalación y movimientos de tierra llevados a cabo sin licencia urbanística. A juicio del Tribunal concurren en el supuesto de autos los presupuestos fijados por el artículo 60 LBRL en orden a su aplicación teniendo en cuenta que el requerimiento autonómico se refiere a hechos y actuaciones concretas y específicas; que la inactividad municipal es clara al no proceder a la incoación y tramitación de expediente de protección de la legalidad urbanística derivada de los hechos que le fueron comunicados, y eran ya conocidos por el Ayuntamiento, por falta de medios personales y materiales; y que el procedimiento finalmente tramitado por la Administración autonómica se refiere a las actuaciones objeto de ese requerimiento. Por lo tanto, no cabe apreciar ni falta de competencia de la Administración autonómica ni defecto de motivación dado que el acuerdo de incoación asume y se fundamenta en el informe técnico que obra en el expediente y en el caso de autos constan asimismo cumplidas las exigencias a los efectos del art. 60 de la LRBRL. En cuanto al quebrantamiento del principio de proporcionalidad, partiendo de que nos encontramos ante un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que no sancionador, la invocación del principio en los términos en que se realiza desatiende que no nos encontramos ante un supuesto de actuación que exceda de una licencia concedida, ni en que se invoque o pueda apreciarse prescripción alguna, especialmente cuando la propia parte refiere lo ejecutado a 2019, sin que pese a lo alegado sobre el PERI se derive de ello, con relación a la parcela objeto del expediente, posibilidad alguna de legalización.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que existen datos negativos que avalen la expulsión, fijándose especialmente en sus antecedentes penales del recurrente.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que existen datos negativos que avalen la expulsión, y así destaca una detención por trafico de drogas y su situación de indocumentado,
Resumen: Antecedentes penales. Condena cuyo antecedente ha sido cancelado. Amenaza contra el orden público. En el presente caso, no se acredita que la menor tenga que salir de España toda vez que es española y convive también con su madre. La Sala indica que con los antecedentes del actor, queda más que en entredicho el respeto a las normas de convivencia legalmente existente, sin que el arraigo que invoca pueda desvirtuar la consideración de constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.
Resumen: Se deniega la tarjeta por la existencia de antecedentes penales y policiales. Se valora la condena por violencia de género y doméstica del art. 468.2 del Código Penal, así como lesiones y maltrato familiar del art. 153 de la misma norma, considerando que nos encontramos con comportamientos de singular gravedad que acreditan que estamos ante un comportamiento contrario al orden público y demuestran la peligrosidad del solicitante. La Sala se detiene en la circunstancia de ser el padre de dos hijos menores de 2 y 4 años. Y en atención al principio de proporcionalidad, estima el recurso y concede la tarjeta aludiendo a que las condenas fueron por hechos producidos en 2018, no queda acreditado que nos encontramos ante una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad. En ese sentido, debe de prevalecer el interés de los hijos de 2 y 4 años que tiene, a uno de los cuales da apoyo económico, conviviendo con el otro.
Resumen: (i) A los efectos de la suspensión prevista en el artículo 180.1 (actual 251.2) de la LGT, no concurre la identidad fáctica cuando la regularización practicada por la Administración tributaria con ocasión de la investigación y comprobación de un tributo abarca ejercicios distintos, a pesar de la que las conductas que integran la relación jurídico-tributaria obedezcan a un patrón o comportamiento análogo.
(ii) Reiteramos la doctrina de la STS de 8 de junio de 2023, FJ 6º, RC 5002/2021, puntualizando que solo será necesaria la compensación para el cálculo de la base imponible de la sanción por dejar de ingresar del artículo 191 de la LGT, cuando la Administración tributaria no haya suprimido de la base imponible de la sociedad interpuesta y vinculada, los rendimientos procedentes de las operaciones simuladas imputadas al socio o participe.
(iii) Reiteramos la doctrina de las STS de 25 de noviembre de 2021, RC 8156/2020 y RC 8158/2020; y STS 20 de diciembre de 2021, RC 8159/2020; por lo que sí cabe en un caso en el que al contribuyente se le imputa la omisión en su declaración del IRPF, de los rendimientos por servicios profesionales prestados a una sociedad, simulando que fueron prestados por otra, apreciar la vulneración del principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 24 de la Constitución a la luz del artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, todo ello a la vista de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2020.
Resumen: La Sala estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución sancionadora del Organismo de Cuenca, rebajando la multa impuesta a la suma de 1.500 euros. No es un hecho denunciado haber vertido tierras en el cauce o haber modificado la cota de las márgenes, sino el movimiento de tierras en zona del DPH. Y ello queda acreditado y constatado por el agente medioambiental, quien comprobó el movimiento de tierras y el relleno de la parte más baja colindante con el cauce y la elevación de la cota del terreno de dicha margen en zona de servidumbre y policía, al igual que se había constatado mediante Acta de inspección urbanística del Ayuntamiento; reconociéndose (en el informe pericial) que el arroyo, tras el nuevo trazado, se introduce en su parcela en unos 8 metros (zona de policía). De manera que, como se recoge en la resolución sancionadora, cualquier actuación, por muy escasa que sea realizada sin la debida autorización administrativa en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso, será considerada constitutiva de infracción administrativa de la Ley de Aguas. La resolución sancionadora no recoge circunstancias agravantes, de hecho la misma Administración reconoce expresamente que no es un hecho denunciado haber vertido tierras en el cauce o haber modificado la cota de las márgenes. No hay valoración de daños, no obstante si reposición, pero sin valorar. A mayor abundamiento no se ha acreditado que con dicho movimiento de tierras se afectara a la zona de servidumbre, sino tan sólo unos 8 metros de la zona de policia. En consecuencia, procede reducir el importe de la sanción impuesta de 8.160 euros a la suma de 1.500 euros.
Resumen: El TSJ desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Director General del Tesoro y Política Financiera que impuso a la actora una sanción de 283.730 euros por una infracción grave de la Ley 10/2010, relacionada con la falta de declaración de movimientos de efectivo superiores a 100.000 euros. La parte actora no justificó suficientemente el origen del dinero. Se consideró la sanción proporcional dada la notoria cuantía del movimiento y la falta de acreditación del origen de los fondos.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez anula la resolución impugnada, y ordena retrotraer las actuaciones hasta el momento de dictarse la resolución sancionadora anulada, conservando el resto de las actuaciones del procedimiento sancionador, y se condena a la Administración demandada a sustituir la orden de expulsión por la de multa prevista en la LOEx. Señala la Sala que la falta de documentación como circunstancia agravante ha de ponerse en relación con las dificultades para la correcta identificación del interesado, que impidan conocer su identidad, origen y demás circunstancias personales, comprometiendo la tramitación del procedimiento, si bien la falta de una inicial presentación de documentación e identificación del interesado puede justificar la aplicación del procedimiento preferente, si con posterioridad se aporta y acredita la existencia de tal documentación desaparece como tal causa de agravación a efectos de la adopción de la decisión de expulsión. En consecuencia, concluye la Sala, no puede considerarse una circunstancia de agravación. Y al prosperar el motivo alegado por la parte recurrente de sustitución de la expulsión por la sanción de multa, no es necesario analizar los otros motivos relacionados con la situación familiar o de asilo. Concluye la Sala que la sanción a imponer de forma preferente a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, es la de multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su. situación irregular.
Resumen: Se estima el recurso de apelación contra el auto que autorizaba la entrada en domicilio para ejecutar resolución firme de desahucio dictada por el Instituto Municipal de la Vivienda. El TSJ de Andalucía recuerda que la autorización judicial prevista en el art. 100.3 de la Ley 39/2015 y art. 8.6 LJCA no es automática, sino que exige ponderación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) frente a la ejecución administrativa. El control judicial debe verificar la legalidad aparente del acto, la necesidad de la entrada y la proporcionalidad, adoptando las cautelas menos restrictivas posibles. En supuestos con menores o personas vulnerables, la Administración debe acreditar medidas previas para su protección. En el caso, pese a alegaciones sobre precariedad y cuatro hijos menores, la Administración no analizó la situación socioeconómica ni ofreció alternativas habitacionales, limitándose a negar la vulnerabilidad sin motivación suficiente. Se revoca la autorización por falta de ponderación y medidas protectoras, sin imposición de costas.
